Desde hace algunas décadas, los países de América Latina y el Caribe han experimentado una transformación institucional continua, rápida y profunda que ha tenido como uno de sus resultados la adopción de prácticas y mecanismos de monitoreo y evaluación de la acción gubernamental para la mejora de las políticas públicas enfocadas al desarrollo.
En este contexto, la región latinoamericana y caribeña enfrenta desafíos importantes para lograr que la información y los hallazgos de las evaluaciones influyan en la toma de decisiones y procesos de política pública. Por ello, es importante discutir los usos de la evaluación y su utilidad para dar seguimiento a las acciones implementadas por el gobierno para atender los objetivos de la Agenda 2030.